🤫 Un shutdown que conviene
Las casualidades no existen cuando de (más) poder se habla.
WASHINGTON, D.C.
Todo lo que pasa en Washington no es casualidad, está bien pensando (y hasta planeado). Y mientras nos preguntábamos por qué la administración no está empujando para evitar un shutdown, la respuesta es simple: a la Casa Blanca le conviene un cierre de gobierno. ¿Las razones? Más poder y más control para el Ejecutivo. El gobierno ya no podrá usar el chantaje de los fondos de emergencia para que los estados colaboren con agentes federales de inmigración.
EL DÍA EN HEADLINES.
➊ CORTE BLOQUEA CHANTAJE FEDERAL SOBRE INMIGRACIÓN Y FONDOS DE DESASTRES
Un juez federal en Rhode Island declaró inconstitucional que el gobierno federal obligue a los estados a colaborar en acciones de inmigración para recibir fondos de emergencia. La sentencia protege el dinero para huracanes, incendios y terremotos, que ahora no puede ser usado como peón político. La administración quería atar los fondos a la cooperación migratoria, pero los estados y la ley dijeron no. Así que FEMA puede seguir ayudando sin que el gobierno use la crisis como palanca.
➋ DOJ CONSIDERA ACUSAR A JAMES COMEY POR MENTIR AL CONGRESO
El Departamento de Justicia está evaluando si el exdirector del FBI James Comey debe ser acusado por supuestamente mentir al Congreso. El cargo involucraría el testimonio que Comey prestó el 30 de septiembre de 2020 en respuesta a la pregunta del senador Ted Cruz sobre la autorización de una filtración de información. La investigación interna está en pausa porque los fiscales dudan de tener evidencia suficiente para un juicio. O sea, todo esto podría terminar siendo un drama judicial más que un caso real.
➌ TIRADOR DE DALLAS QUERÍA SEMBRAR TERROR A AGENTES DE ICE
El FBI reveló que Joshua Jahn, el hombre que atacó una instalación de ICE en Dallas, dejó una nota contra los funcionarios de inmigración. “Espero que esto dé verdadero terror a los agentes de ICE”. El atacante murió de un disparo autoinfligido y dos detenidos están graves. Parece que hubo planificación: búsquedas de balística, rastreo de agentes y hasta videos de ataques previos. La investigación pinta un cuadro de violencia dirigida, pero también de una persona con obsesiones letales.
➍ DEMÓCRATA PRESENTA ARTÍCULO DE IMPEACHMENT CONTRA RFK JR
La representante Haley Stevens anunció que introducirá artículos de impeachment contra el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. por provocar un caos en el sistema de salud. Desde recortes de investigación pediátrica hasta polémicas sobre vacunas, Stevens dice que Kennedy no debe seguir al mando.
➎ ECONOMÍA DE EEUU CRECE MÁS DE LO ESPERADO
El Departamento de Comercio revisó al alza el crecimiento del PIB estadounidense del segundo trimestre a 3.8%, frente al 3.3% estimado. Los consumidores siguen gastando a pesar de mood gris y temores laborales. Esto complica los planes de la Reserva Federal para un nuevo recorte de las tasas de interés, porque la economía no se está desplomando como esperaban. Gran parte del crecimiento viene de tech y AI, así que si esas inversiones caen, el boom podría desinflarse.
EN PROFUNDIDAD.
UNA JUGADA BIEN PENSADA
El Capitolio se acerca a otro posible shutdown y, aunque suene a rutina en Washington, esta vez hay mucho más en juego. Si el Congreso no aprueba un presupuesto antes del 30 de septiembre, cientos de miles de empleados federales podrían quedarse sin sueldo o ser despedidos, y servicios esenciales quedarían en pausa. ¿Lo diferente? Que puede ser un regalito para la administración. Trump ya no solo espera el impacto del parón: lo está usando como una oportunidad para redefinir el gobierno a su medida.
MÁS PODER, MÁS CONTROL
Con la Casa Blanca pidiendo a las agencias que preparen despidos permanentes, un shutdown podría convertirse en una herramienta para recortar servicios, reducir personal y aumentar el control presidencial sobre qué programas siguen y cuáles se eliminan. Parece que presionar acuerdos se ha convertido en un instrumento de poder ejecutivo.
El shutdown como filtro para recortar agencias. Según las directrices de la Oficina de Administración y Presupuesto, las agencias deben preparar no solo furloughs temporales sino “reducción en fuerza” —despidos permanentes— en programas cuyo financiamiento vence el 1 de octubre y no cuenten con fondos alternativos. Esto le permite al presidente usar el shutdown como pretexto para evaluar qué servicios considera “no alineados” con sus prioridades y, potencialmente, desmantelarlos.
Impacto en la estructura del gobierno federal. Hasta ahora, la administración ha separado a más de 200,000 empleados federales mediante despidos y programas de renuncia diferida, y proyecta llegar a 300,000 para fin de año (uno de cada ocho trabajadores federales). Un shutdown intensificaría esta reducción, debilitando agencias clave y creando vacíos en servicios básicos, desde inspecciones alimentarias hasta asistencia para veteranos.
Reconfiguración del poder del Congreso. El poder de asignar presupuesto —la “bolsa” del Congreso— es uno de sus principales contrapesos frente al presidente. Pero si Trump y su director de presupuesto tienen libertad para decidir qué programas se paralizan y qué empleados quedan fuera, ese contrapeso se diluye. Por primera vez desde 1980, un shutdown podría usarse no solo como presión política, sino como mecanismo para redistribuir poder hacia el Ejecutivo y debilitar la autoridad legislativa sobre el gasto público.
NADA ES CASUALIDAD
El posible shutdown no solo implicaría interrupciones temporales de servicios federales, sino que también marcaría un cambio en cómo se usa esta herramienta política. La estrategia de la administración muestra que un cierre puede ser un punto a favor para lo que siempre quisieron: reorganizar agencias, reducir personal y definir prioridades gubernamentales más allá de la aprobación del Congreso.
¿Y a ti cómo te afecta? El impacto se traduce en retrasos, menos servicios y mayor incertidumbre sobre los programas de los que dependen. El resultado final del actual pulso presupuestario no solo determinará cuánto dura el parón, sino también cómo se distribuye el poder en Washington de aquí en adelante.
LO QUE SE DICE Y LO QUE NO.
UNA LÍNEA CADA VEZ MÁS DIFUSA
En Estados Unidos solemos escuchar que la Iglesia y el Estado son separados, entre comillas. Es casi un mantra cívico, como la libertad de expresión o el derecho al voto. Pero últimamente esa línea parece escrita con tiza y no con tinta. Desde los funerales con discursos sobre el “guerrero de Cristo” hasta las promesas de rezar en las escuelas públicas, la religión no solo acompaña a la política: se sienta en primera fila.
El término Christian nationalism se convirtió en protagonista. Según el Public Religion Research Institute, un 30% de los estadounidenses se identifica como adherente o simpatizante de esta visión, con porcentajes mucho mayores en estados del sur (Mississippi, Alabama, Oklahoma) que en estados azules. La idea central: Estados Unidos debería reflejar explícitamente valores cristianos en sus leyes y políticas. Para algunos, es una extensión natural de la libertad religiosa, para otros, es un riesgo directo al principio de neutralidad estatal.
La administración ha dado ejemplos concretos. Desde crear comisiones sobre “libertad religiosa” en el Departamento de Justicia hasta permitir que funcionarios promuevan su fe en espacios federales, pasando por permitir a pastores hacer política sin perder su estatus fiscal. Incluso reuniones de oración en el Pentágono con pastores que abogan por leyes teocráticas. Ninguna de estas acciones es ilegal en sí misma, pero juntas dibujan un patrón que preocupa a quienes temen que se diluya la separación entre fe y gobierno.
¿Esto es un debate teórico? No. Pero… Si la religión se convierte en una herramienta para legitimar políticas o concentrar poder, el ser cristiano pasa de ser una identidad personal a un filtro para gobernar. Y eso pone a millones de estadounidenses –creyentes de otras religiones, agnósticos y ateos– en una relación distinta con su propio Estado.
El dato de fondo es que Estados Unidos sigue siendo diverso: más de dos tercios no se identifican con el nacionalismo cristiano. La pregunta que queda en el aire es si las instituciones pueden seguir siendo de todos cuando un sector quiere que sean, explícitamente, de unos cuantos.
Redactor: Paola Sardiña | Editor jefe: Marcos Marín