El domingo 20 de septiembre, Donald Trump publicó en Truth Social que su arco del triunfo dejaba de ser solo un monumento.
“A petición firme de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y por motivos de seguridad nacional, acepté convertir el magnífico Arco del Triunfo en un complejo militar de primer nivel”, escribió. El arco, agregó, va a guardar y poder lanzar grandes cantidades de drones, va a tener francotiradores en el techo y en la plaza, y va a almacenar munición para ellos.
El proyecto se presentó como un homenaje por los 250 años del país: una estructura de 250 pies en Memorial Circle, la rotonda entre el Lincoln Memorial y el cementerio nacional de Arlington, con miradores para visitantes que pagan entrada. Ahora será otra cosa.
Lo que no dijo Trump es quién del Ejército se lo pidió, ni para que, no nombró a ningún funcionario ni a ninguna rama militar. El Pentágono respondió que no tenía más información que lo que había escrito el presidente.
Mark Cancian, coronel retirado de los Marines y analista del Center for Strategic and International Studies, señaló que ya hay instalaciones militares cerca y que el anuncio parecía agregado para reforzar el argumento a favor de la construcción.
El congresista demócrata Don Beyer, cuyo distrito incluye el cementerio de Arlington, fue más directo: “Trump claramente espera perder una demanda y por eso quiere armar un pretexto para argumentar que el arco está ligado a la seguridad nacional”.
Ya hay una demanda en camino. Tres veteranos y un historiador de arquitectura pidieron frenar la obra porque, dicen, el Congreso nunca la autorizó. Un juez federal está evaluando si la detiene. El gobierno quiere empezar a construir en noviembre.
La misma frase, otra vez
Al día siguiente del anuncio, la frase apareció de nuevo. Trump dijo que CNN, MS NOW y Politico, los tres medios que vetó de la Casa Blanca, representan “una amenaza a nuestra seguridad nacional”. Los tres ya lo demandaron por violar la Primera Enmienda.
Todo en nombre de la seguridad nacional
El salón de baile. El gobierno defendió la obra de 400 millones de dólares donde estaba el Ala Este de la Casa Blanca como un “complejo militar integrado” que, según sus abogados “la seguridad nacional exige”.
Los aranceles. El gobierno ha defendido su agenda de impuestos a las importaciones con argumentos de seguridad nacional.
La Guardia Nacional. Está en las calles de Washington desde agosto de 2025. El Pentágono extendió el despliegue hasta enero de 2029, y en julio llegó a casi 5,000 efectivos.
Groenlandia. Después de meses de decir que Estados Unidos “necesita” la isla por seguridad nacional, Trump anunció un acuerdo con Dinamarca que le da “control permanente” sobre su seguridad.
El secretario del Interior, Doug Burgum, citó “riesgos de seguridad nacional” para frenar proyectos de energía eólica. La Casa Blanca usó el mismo argumento para perforar más en el Golfo de México y para ir contra los contratos colectivos de los empleados federales.
“La disposición de Trump de invocar la seguridad nacional para cosas que obviamente no tienen nada que ver con la seguridad nacional está en otro nivel”, le dijo a Axios Elizabeth Goitein, directora del programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center.
Patrick Parenteau, profesor de derecho, lo llamó sin rodeos “emergencias falsas de seguridad nacional” y “una toma de poder”.
¿Eso deja blindada la decisión?
Casi y ahí está la razón por la que la frase le sirve tanto. Primero, abre poderes. Si un presidente declara una emergencia nacional, tiene a mano 137 poderes que distintas leyes le dan sin necesidad de un voto del Congreso, según el inventario del Brennan Center. Hoy hay 52 emergencias nacionales vigentes.
Segundo, los jueces se hacen a un lado. Cuando un gobierno invoca la seguridad nacional, los tribunales suelen darle lo que los abogados llaman una diferencia extrema: casi nunca entran a revisar si la amenaza es real. Así sobrevivió en 2018 el veto de viaje de Trump a varios países de mayoría musulmana. La Corte Suprema lo sostuvo 5 a 4.
Tercero, frenarla cuesta mucho. El Congreso puede anular una emergencia nacional, pero si el presidente veta esa decisión, hacen falta dos tercios de cada cámara para imponerse.
En la Corte, no siempre gana
Los dos casos más recientes lo muestran de lados opuestos. En agosto, la Corte Suprema votó 5 a 4 para dejar seguir la construcción del salón de baile. Ojo con el matiz: la mayoría no compró el argumento de seguridad nacional. Decidió que el grupo que demandó, el National Trust for Historic Preservation, no había demostrado un daño directo.
En diciembre de 2025, la misma Corte votó 6 a 3 en su contra en otro caso: le negó mandar 300 soldados de la Guardia Nacional a Chicago. La mayoría escribió que el gobierno no había identificado ninguna ley que le permitiera usar a los militares para hacer cumplir la ley en Illinois.
Y en febrero, la Corte Suprema tumbó 6 a 3 los aranceles que Trump había impuesto usando una ley de emergencias económicas. La ley, dijeron, no le da poder para cobrar impuestos. La respuesta del gobierno fue apoyarse en otra ley para los aranceles al acero, el aluminio y el cobre: la Sección 232, que se justifica, precisamente, por seguridad nacional.