Tu código postal va a decidir si tú (o tu familia) siguen teniendo Medicaid
Georgetown estima que 1.4 millones de personas con papeles en regla van a perder su cobertura médica: si tienes asilo, refugio o parole, el gobierno federal deja de pagar tu Medicaid.
La carta llega en un sobre del programa estatal de salud y no parece urgente, tiene el logo del Medicaid Check-In 2026, una casilla de verificación azul. Adentro dice que a partir del 1 de octubre de 2026 algunos no ciudadanos dejan de calificar para Medicaid, que una nueva ley federal está cambiando quién puede recibirlo, y que los registros del estado indican que el cambio puede afectar a alguien en tu hogar.
Ocho renglones migratorios perderán la cobertura de salud.
Un cheque federal que deja de llegar
La ley es la sección 71109 de la Ley Pública 119-21, la misma legislación de julio de 2025 que los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) llaman “Working Families Tax Cut”.
Lo que esa ley elimina el 1 de octubre es la participación financiera federal: el dinero con el que Washington le reembolsa a cada estado la mitad o más de lo que gasta en cada paciente.
Desde esa fecha, el gobierno federal solo pone dinero para Medicaid y CHIP completos de cuatro grupos: ciudadanos y nacionales estadounidenses, residentes permanentes, entrantes cubanos y haitianos, y migrantes COFA de las Islas Marshall, Micronesia y Palaos.
Técnicamente la ley no cancela la cobertura de nadie, lo que hace es quitarle el financiamiento y le deja al estado la decisión de pagar con dinero propio la cobertura de salud. Los Centers for Medicare & Medicaid Services fueron explícitos en la carta: a partir del 1 de octubre no va a exigirle a ningún estado que cubra con fondos estatales a los no ciudadanos que pierden el match federal.
Si un estado decide seguir cubriéndolos con un 100% del dinero propio, los CMS no van a considerar que eso sea Medicaid.
Quién queda fuera, según la tabla oficial
Pierden el financiamiento federal para Medicaid y CHIP completos: refugiados, asilados, personas con parole por al menos un año, personas con withholding of deportation, personas con entrada condicional otorgada antes del 1 de abril de 1980, no ciudadanos maltratados bajo VAWA junto con los padres de niños maltratados y los hijos de un padre maltratado, víctimas de trata con visa T o con solicitud pendiente que establece un caso prima facie, inmigrantes amerasiáticos que no ajustaron a residencia, indios americanos nacidos en Canadá que pertenecen a tribus reconocidas federalmente y no son ciudadanos, ciertos parolees afganos, ciertos parolees ucranianos.
Los veteranos y militares en servicio activo que residen legalmente en el país, junto con ciertos familiares también entran en el grupo que perderá la cobertura de salud.
Los titulares de TPS no pierden nada con esta ley, por la sencilla razón de que nunca tuvieron acceso a Medicaid completo con fondos federales y la mayoría de los afganos e iraquíes con visa especial de inmigrante conserva la cobertura, porque fueron admitidos como residentes permanentes, los códigos que quedan fuera son los de parole, no los de residencia.
Tu código postal decide si tus hijos siguen cubiertos
Los cambios no afectan a niños ni a personas embarazadas (o por lo menos así es en Maryland).
Lo que existe es la opción CHIPRA 214, una figura de 2009 que le permite a cada estado cubrir a niños (hasta los 21 años en Medicaid, hasta los 19 en CHIP) y a las personas embarazadas que residen legalmente, sin aplicarles el período de espera de cinco años. Al momento de publicarse la carta de CMS, 39 estados, el Distrito de Columbia y tres territorios habían elegido esa opción.
Quedan once estados que no. Los estados pueden elegir cubrir niños, embarazadas, o ambos grupos. Haber elegido la opción no garantiza que se haya elegido para los dos. Los beneficiarios de DACA quedan excluidos de CHIPRA 214 desde 2012 y siguen excluidos.
Para el embarazo hay una segunda puerta que tampoco aparece en las cartas: la opción FCEP, que le permite a un estado cubrir atención prenatal sin importar el estatus migratorio de la persona. Si vives en un estado que eligió la opción completa, tus hijos y tu embarazo siguen cubiertos aunque tú pierdas la cobertura. Si vives en uno de los once que no la eligió, no.
Lo que queda cuando ya no queda nada
Sobrevive el Medicaid de emergencia, que sigue teniendo financiamiento federal para atender una condición médica de emergencia. Es la red mínima y va a ser la única para mucha gente.
Pero… siempre hay un pero. El primero es que en CHIP separado no hay red: según la carta de los CMS, quien esté en un CHIP separado, no sea elegible para financiamiento federal y no califique bajo CHIPRA 214 se queda sin dinero federal de ningún tipo desde el 1 de octubre, porque la ley no autoriza cubrir servicios de emergencia en un CHIP separado. Los estados terminarían esa elegibilidad.
El segundo pero es fiscal. La sección 71110 de la misma ley agregó una subsección que, desde el 1 de octubre, limita el porcentaje federal del Medicaid de emergencia a no más que la tasa regular del estado. Para el grupo de adultos de la expansión, que se pagaba a una tasa federal mucho más alta, eso significa que el estado absorbe una porción mayor de cada emergencia. La red mínima sigue ahí y le sale más cara al estado que la sostiene.
Cuántas personas
El Center for Children and Families de la Universidad de Georgetown estimó que unos 1.4 millones de inmigrantes con presencia legal perderían cobertura de salud por la ley de reconciliación.
Esa cifra abarca la ley completa, no una sola fecha: el cambio de Medicaid del 1 de octubre, la limitación de Medicare y el recorte de los créditos fiscales del mercado de salud que llegan en enero.
Los 90 días que casi nadie va a reclamar
La carta de CMS también establece un procedimiento, y ahí hay derechos concretos que conviene conocer antes de que llegue el aviso de terminación.
El estado tiene que intentar primero reverificar el estatus migratorio por vía electrónica, a través del sistema SAVE de USCIS, sin involucrar a la persona. Solo si no lo logra puede contactarla, y tiene que darle un plazo razonable para responder antes de tomar cualquier acción adversa. Si la persona responde declarando un estatus satisfactorio y el estado no consigue verificarlo, está obligado a otorgarle un período de oportunidad razonable de 90 días con los beneficios activos durante esos 90 días.
CMS no aclaró qué pasa con el financiamiento federal cuando ese período de 90 días cruza el 1 de octubre.
Antes de terminar la cobertura, el estado tiene que evaluar todas las bases de elegibilidad disponibles, incluyendo la opción CHIPRA 214 y el Medicaid de emergencia. Y tiene que dar aviso previo por escrito de la acción adversa, con derecho a una audiencia imparcial en Medicaid (al menos diez días de aviso) o a una revisión en CHIP.
Esos son plazos federales, no cortesías del estado. Quien reciba un aviso de terminación sin que le hayan ofrecido revisar otras vías de elegibilidad tiene argumento para apelar.
La puerta que sigue abierta
La ley no tocó las reglas del período de espera de cinco años ni sus excepciones. Refugiados y asilados están exentos de esa espera hoy, y siguen exentos si ajustan a residencia permanente.
Eso significa que un refugiado que pierda la cobertura el 1 de octubre y obtenga su green card en 2027 recupera Medicaid completo de inmediato, sin cinco años de espera.
Ojo: esto conviene que lo confirmes (si aplicas) con el programa estatal, porque algunos estados limitan a siete años la cobertura completa de ciertos no ciudadanos. Para las familias en proceso de ajuste, la fecha en que llegue esa tarjeta acaba de volverse una fecha médica.
Octubre no cierra el calendario
Medicaid en octubre. Medicare y los subsidios del mercado en enero. Tres puertas que se cierran en cuatro meses.