México le pidió a Estados Unidos que le devolviera a sus deportados. La respuesta del gobierno de Donald Trump fue mandarlos a Guatemala.
Según datos oficiales recogidos por la agencia AP y reportados por CBS News, Estados Unidos deportó a cerca de 2,300 mexicanos a Guatemala este año, y a varias decenas más a Honduras.
La cancillería mexicana respondió por escrito: acepta el retorno de todos sus connacionales, rechaza que los envíen a terceros países y afirma no tener ningún acuerdo que lo permita.
Dos funcionarios del Homeland Security le explicaron a CBS, que la medida busca alejar a los deportados de la frontera para desalentar que vuelvan a cruzar. En la práctica no funciona así.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, contó que esas personas pasan menos de un día en su país antes de ser enviadas a México, con los costos cubiertos por el gobierno estadounidense o el mexicano.
Deportar a alguien a un tercer país no es nuevo, pero era una excepción. Se reservaba para dos situaciones: cuando un juez determina que la persona no puede volver a su país porque enfrentaría violencia o persecución, o cuando su país tiene relaciones tensas con Washington y se niega a recibir deportados, como Cuba o Irán.
Lo que cambió ahora es la escala
Según el rastreador independiente Third Country Deportation Watch, la administración envió a unas 22,000 personas a por lo menos 26 países desde enero de 2025.
El caso de México es la versión suave, pero hay otra, más silenciosa: la devolución en cadena (en inglés, chain refoulement). Funciona así: un juez estadounidense determina que una persona no puede ser deportada a su país porque ahí correría riesgo de tortura. En lugar de dejarla en Estados Unidos, la envían a un tercer país con condiciones tan duras que termina aceptando regresar al lugar del que la habían protegido.
En abril, el gobierno trasladó a 15 migrantes sudamericanos con protecciones humanitarias vigentes a la República Democrática del Congo, un país con un brote de ébola y donde el propio Departamento de Estado documentó la presencia de más de una docena de grupos armados y cerca de 100 pandillas y milicias locales.
Varios grupos han sido enviados a Guinea Ecuatorial, gobernada por el dictador Teodoro Obiang, que obtuvo 5 puntos sobre 100 en el índice de libertad de Freedom House de 2025, apenas por encima de Corea del Norte.
A los deportados los encierran en el Hotel Bamy, propiedad de la familia del presidente, donde según el Arizona Daily Star algunos fueron golpeados por guardias. Uno de ellos es Ahmed Soliman, de 30 años, que llegó a Estados Unidos a los cuatro cuando su familia huyó de Egipto porque su padre había criticado al régimen de Hosni Mubarak. Creció en Phoenix y tras cumplir dos años de prisión por cargos vinculados a una adicción al fentanilo, quedó bajo custodia de ICE. Un juez le había otorgado protección para no ser deportado a Egipto, así que lo mandaron a Guinea Ecuatorial. Podría terminar en Egipto de todos modos.
Nada de esto sería posible sin un fallo clave. En junio de 2025, la Corte Suprema permitió que el gobierno deporte a terceros países sin darle antes a la persona la oportunidad de alegar el peligro que enfrenta. La decisión abrió la puerta a envíos posteriores, como el de ocho hombres a Sudán del Sur y otros a Esuatini.
El DHS defiende la estrategia: dice que usa todas las opciones legales para ejecutar la mayor operación de deportación de la historia, como prometió el presidente.
Adam Isacson, investigador de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización de derechos humanos, sostiene que la política cumple dos funciones: dificultar el regreso y mandar un mensaje que empuje a la gente a autodeportarse.
Para quien tiene un caso de asilo o una orden de protección, el cálculo cambió. Queda una ruta administrativa que deja intacta una orden judicial y, al mismo tiempo, la vacía de efecto.