Los aranceles le cuestan $900 al año a cada hogar, y no aparecen en ninguna factura
La Corte Suprema tumbó los aranceles de emergencia en febrero. Si se ordena devolver lo cobrado, el reembolso le toca al importador, no a quien pagó el sobreprecio en la tienda.
Un arancel no llega a tu casa con forma de factura, tampoco hay una línea en el recibo del supermercado que lo desglose, ni una casilla en la declaración de abril y aun así, alguien lo paga.
La Tax Foundation, un centro de análisis fiscal de tendencia pro mercado, calculó que los aranceles impuestos y anunciados por la administración Trump equivalen a un aumento de impuestos de $900 por hogar estadounidense en 2026.
El año pasado la cifra fue de $1,000. Sumado, lo describen como el mayor aumento de impuestos desde 1993.
¿Quién firma el cheque de los aranceles?
El arancel lo cobra la aduana al importador de récord, la empresa estadounidense que trae la mercancía, no lo paga el país que vende. Ese sobrecosto entra a su balance y de ahí se reparte: una parte la absorbe la empresa, otra se traslada al precio final.
Un estudio de la Reserva Federal de Nueva York encontró que cerca del 90% de los aproximadamente $175,000 millones recaudados por los aranceles de emergencia salió de los bolsillos de los consumidores y de las empresas dentro de Estados Unidos, no de los exportadores extranjeros.
El número que resume el año
La tasa arancelaria efectiva es todo lo que la aduana cobró dividido entre todo lo que entró al país.
Según el Penn Wharton Budget Model, pasó de 2.3% en enero de 2025 a 7.2% en mayo de 2026, con un pico de 11.38% en octubre pasado. La proyección para todo 2026 es de 6.6%, el nivel más alto desde 1969.
Pudo ser más alta: el mismo modelo estima un 15.52% para octubre si los compradores no hubiesen cambiado de hábitos.
¿Por qué la cifra de este año es menor?
El 20 de febrero de 2026 la Corte Suprema falló 6-3 que la ley de poderes económicos de emergencia, conocida como IEEPA, no autoriza al presidente a imponer aranceles. El fallo tumbó los aranceles del llamado Liberation Day y, según la Tax Foundation, borró casi tres cuartas partes de lo que la administración esperaba recaudar por esa vía.
Desde entonces la administración rotó entre las leyes que le quedaban, y cada una trae su propio límite. Los aranceles de la Sección 122 solo podían durar 150 días y vencieron el 24 de julio. Un tribunal ya los había anulado en mayo porque la ley exige un déficit de balanza de pagos que no existía.
El 23 de julio, un día antes de ese vencimiento, la Casa Blanca anunció aranceles bajo la Sección 301, con el argumento del trabajo forzado, aplicados a 86 economías que representan más del 99% de las importaciones del país.
Peter E. Harrell, académico legal de Georgetown, dijo que ese uso excede cualquier aplicación previa de la ley y que los tribunales deberían limitarlo. Mientras se litiga, el arancel se sigue cobrando.
El detalle del reembolso
Los aproximadamente $160,000 millones ya cobrados bajo la ley anulada quedaron en disputa y el asunto volvió a la Corte de Comercio Internacional. Si se ordena devolverlos, el reembolso se le asigna al importador de récord, el que firmó el cheque en la aduana.
No hay mecanismo legal para que llegue al consumidor que pagó el sobreprecio en la tienda.
Lo que la gente ya percibe
En marzo, una encuesta de Harris para The Guardian encontró que 64% de los republicanos, un 77% de los demócratas y 67% de los independientes creían que los aranceles habían subido los precios.
Hay un costo más que no aparece en ninguna cifra: desde enero de 2025 la política arancelaria cambió más de 50 veces. Para un negocio que importa insumos, eso significa no saber cuánto costará el mismo contenedor en tres meses.
Un impuesto que se llama impuesto se vota, y queda registro de quién lo aprobó. Un arancel se cobra en la aduana y se disuelve en el precio de miles de cosas distintas.