WASHINGTON D. C.
Hay leyes que llevan décadas en el código como esa herramienta que nadie usa en el garaje: ahí está, se ve seria, y nadie se ha molestado en comprobar si todavía sirve. En 1996 el Congreso aprobó una, bastante corta, sobre el voto de no ciudadanos en elecciones federales. Treinta años después el DOJ la sacó de la gaveta y la enchufó… Lástima que no enciende.
EL DÍA EN HEADLINES.
➊ EL SUPER PAC DE TRUMP NO DEVOLVERÁ LOS $11 MILLONES
Trump dijo en Truth Social que al final los anuncios patrióticos los pagará él, con dinero recaudado para MAGA Inc. Muy bien, pero sigue creyendo y te volverás creyón: un portavoz de la Casa Blanca aclaró que de reembolso nada. La ley federal, por cierto, le prohíbe a un funcionario dirigir el gasto de un super PAC.
➋ ABC YA SUAVIZA SU COBERTURA POR MIEDO A LA FCC
El efecto ocurrió sin que ningún juez haya dicho una palabra. La cadena le contó a la jueza Loren AliKhan que sus programas ya miden cómo cubren las midterms, desde si transmiten discursos presidenciales hasta quién se sienta en The View, porque Brendan Carr mandó a revisión las licencias de sus ocho estaciones en los mercados más grandes del país, años antes de tiempo. La FCC lo atribuye a una pelea por documentos en una investigación de DEI.
➌ LA CASA BLANCA ORDENÓ INVESTIGAR MANIFESTANTES, DICE DENUNCIANTE
Jill Fields trabajaba en la escuadra de carteles de la oficina de Los Ángeles hasta que la movieron a supervisar investigaciones contra manifestantes. Su denuncia, divulgada por el senador Alex Padilla, describe dos episodios: un video de gente con megáfonos en Alhambra que llegó de la Casa Blanca a Kash Patel, y una orden de Emil Bove para abrir un caso contra protestas frente a edificios federales. Una revisión preliminar del propio FBI concluyó que grabar, hablar por megáfono y objetar está protegido por la Primera Enmienda. Sus supervisores, cuenta ella, preferían no dejar nada por escrito.
EN EL SPOTLIGHT.
LA DONROE DOCTRINE
Trump defendió la guerra con Irán en un mitin en Nebraska y, en medio de un argumento enredado sobre costos, dijo que dejaran que se llevaran Los Ángeles y San Diego, que era un precio pequeño. La Casa Blanca sostiene que lo malinterpretaron, porque es taaan difícil que el presidente se equivoque.
EN PROFUNDIDAD:
El DOJ construyó su campaña contra el voto ilegal sobre una disposición de 1996 que casi nadie había usado y que ningún tribunal había puesto a prueba. Ya hay un juez que la declaró inconstitucional, un jurado que absolvió y varios procesos congelados. Te explicamos qué dice la ley, por qué es vulnerable y qué está en juego en los juicios de diciembre.
EN LO QUE SE DICE Y LO QUE NO:
JD Vance recorre el país admitiendo que la gente está frustrada y que a veces él también. Es un tono nuevo para alguien que construyó su carrera canalizando la rabia de MAGA. Te mostramos qué está comprando con esa empatía, quién es el público real de ese mensaje y qué deja afuera.
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EN PROFUNDIDAD.
LA LEY QUE NADIE HABÍA PROBADO
El DOJ armó su campaña contra el voto ilegal alrededor de un estatuto federal de 1996 que casi nadie había usado y que ningún tribunal había examinado a fondo. Decenas de casos salieron anunciados con bombo, muchos con fotos de arrestos de agentes de Homeland Security incluidas. Pero el primer juez que revisó la constitucionalidad de la ley concluyó que el Congreso nunca tuvo la facultad de aprobarla. Y los juicios programados para diciembre y enero no esperan a que nadie resuelva la duda.
Quién decide quién vota
El argumento que desarmó la ley no vino de la defensa, sino de un escrito de 53 páginas de Paul Clement, litigante conservador ante la Corte Suprema, que un juez pidió por su cuenta. La tesis es de manual de derecho constitucional: la Constitución le da al Congreso control sobre el momento, el lugar y la forma de las elecciones federales, pero quién califica para votar lo deciden los estados. Si la ley de 1996 criminaliza el sufragio de extranjeros, entonces está fijando un requisito para votar. Y eso no le toca.
Clement añade un recordatorio histórico: ciudadanía y voto hoy van pegados, pero durante buena parte de la historia estadounidense muchas clases de ciudadanos no podían votar y algunos no ciudadanos sí. El juez de distrito David Leibowitz, nombrado por Biden, se apoyó en ese escrito para desestimar un caso en Florida y describió la defensa del DOJ como muy débil, con una explicación seca: el gobierno juega esa mano porque es la única que tiene.
