La cuenta que llega (al contribuyente) con las deportaciones
Según un cálculo del Economic Policy Institute la estrategia de deportaciones de la Casa Blanca cuesta unos $2,358 por contribuyente. Un pequeño dato que lo quieren pasar por debajo de la mesa.
WASHINGTON D. C.
La deportación masiva tiene una parte que no sale en las imágenes de los operativos: la factura. Una nueva estimación calcula cuánto de esa política termina saliendo del bolsillo de los contribuyentes y pone el gasto en perspectiva frente a otras prioridades que también dependen del presupuesto federal.
EL DÍA EN HEADLINES.
➊ DOS REPUBLICANAS YA RECHAZAN A TODD BLANCHE Y SU CONFIRMACIÓN QUEDA EN EL AIRE
La senadora republicana Lisa Murkowski anunció que votará contra la nominación de Todd Blanche como Attorney General, convirtiéndose en la segunda republicana que rompe filas tras Susan Collins. Con Mitch McConnell aún fuera del Senado y Bill Cassidy sin revelar su voto, Blanche ya no puede permitirse más deserciones si quiere ser confirmado antes del receso legislativo de agosto.
➋ UN JUEZ DECLARA AL DHS EN DESACATO POR RETRASAR LA ENTREGA DE CELULARES DE AGENTES DE ICE
Un juez federal declaró al Homeland Security en desacato por no entregar los registros de los teléfonos personales de más de 800 agentes de ICE investigados por presunto perfilamiento racial durante operativos migratorios en California. El gobierno deberá pagar $500 diarios hasta cumplir la orden judicial, mientras la investigación ya reveló mensajes internos con insultos racistas entre algunos agentes.
➌ AUDITORÍA PONE EN DUDA $110,000 MILLONES EN RECORTES QUE DOGE ASEGURÓ HABER LOGRADO
Una auditoría de la Government Accountability Office concluyó que no pudo verificar $110,000 millones de los ahorros que DOGE aseguró haber conseguido durante la administración Trump. El informe detectó miles de contratos que nunca fueron cancelados pese a aparecer como “recortes” en la llamada Wall of Receipts, alimentando dudas sobre la transparencia y la credibilidad de las cifras presentadas por el proyecto.
➍ EEUU PERDIÓ 23,000 EMPLEOS EN JULIO Y EL MERCADO LABORAL MUESTRA MÁS GRIETAS DE LAS ESPERADAS
La economía perdió 23,000 empleos en julio, el primer saldo negativo desde febrero y muy por debajo de la expectativa de los analistas, que proyectaban la creación de 87,000 puestos de trabajo. El informe también revisó a la baja en 103,000 empleos las cifras de mayo y junio, reforzando las señales de desaceleración del mercado laboral justo cuando la Reserva Federal evalúa sus próximos movimientos sobre las tasas de interés.
EN EL SPOTLIGHT.
¿Aprenderá algo Mamdani del fracaso de los Mercal de Hugo Chávez?
El alcalde de Nueva York va a abrir cinco supermercados municipales con precios 30% más baratos que el retail, a un costo de $70 millones, pero… ¿va a haber un límite de artículos por persona? Esa fue una de las preguntas que le hicieron a Mamdani.
Eso fue lo que analizó César Báez, periodista y productor para la revista Reason, ¿ustedes qué dicen?
EN PROFUNDIDAD:
La deportación masiva podría costarle al contribuyente unos $2,358 en promedio, según una estimación del Economic Policy Institute. Te explicamos de dónde sale esa cifra, cómo se distribuye el costo entre estados y por qué el mismo dinero podría compararse con el financiamiento de SNAP, Medicaid o vivienda pública.
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EN PROFUNDIDAD.
LO QUE CUESTA LA DEPORTACIÓN MASIVA CUANDO LA CUENTA LLEGA AL CONTRIBUYENTE
¿Cuánto termina pagando un contribuyente por la política migratoria del gobierno federal? Una nueva herramienta del Economic Policy Institute pone una cifra sobre la mesa: $2,358 por contribuyente en promedio para financiar la estrategia de deportaciones de la administración Trump.
La cifra parte de una proyección de $268.9 mil millones en gastos de deportación durante los próximos 2.5 años del gobierno de Trump. El cálculo no dice que cada persona recibirá una factura por $2,358: distribuye el costo proyectado entre los contribuyentes según cuánto aporta cada estado, condado y ciudad en impuestos federales.
El EPI calcula que esos $268.9 mil millones podrían financiar otras prioridades públicas. Según sus estimaciones, el mismo dinero alcanzaría para más de 118 millones de beneficiarios adicionales de SNAP, casi 12 millones de personas con Medicaid o más de 9.7 millones de hogares con acceso a vivienda pública de bajo costo durante el periodo analizado.
La comparación no significa que el gobierno pueda simplemente mover ese dinero de una partida a otra, pero sí sirve para dimensionar el tamaño del gasto: la política de deportaciones representa una cantidad de recursos federales suficientemente grande como para compararla con programas que millones de estadounidenses utilizan.
