WASHINGTON, D.C.
¿Qué tienen en común una bandera en llamas, un juez que frena una deportación a Uganda y Trump amenazando a NBC y ABC? Que todo se juega entre símbolos y poder. Mientras Gorsuch y Kavanaugh marcan línea contra los tribunales “díscolos”, el Congreso abre el archivo Epstein con citaciones que salpican a medio mundo. Afuera, Europa y Asia cortan envíos a EE.UU. justo cuando Trump insiste en que la economía va viento en popa. Y en el centro de la escena, el presidente vuelve a la vieja obsesión: castigar a quien queme la bandera. Todo esto con D.C. militarizada en nombre del crimen, aunque lo que se respira sea más miedo que seguridad.
EL DÍA EN HEADLINES.
➊ JUEZA BLOQUEA DEPORTACIÓN DE KILMAR ABREGO GARCÍA A UGANDA
La magistrada federal Paula Xinis frenó temporalmente la remoción del acusado y alertó sobre denuncias de que el Departamento de Justicia lo habría presionado con amenazas de deportación a Uganda si no se declaraba culpable de tráfico humano. El fallo ordena mantenerlo en Virginia hasta una audiencia probatoria el viernes. Trump, por su parte, dijo que Abrego García es “muy malo para los votos” y acusó a “cortes liberales” de protegerlo.
➋ GORUSCH Y KAVANAUGH MARCAN LA LÍNEA: “LOS JUECES NO PUEDEN DESAFIARNOS”
En un fallo que permitió a Trump congelar casi $800 millones en becas, los jueces conservadores reprendieron a tribunales inferiores por no acatar precedentes. El mensaje llega mientras el presidente acumula victorias en la Corte, pese a las críticas de jueces liberales que acusan al Supremo de “premiar la ilegalidad”.
➌ CONGRESO SUBPOENA AL ESTATE DE EPSTEIN POR DOCUMENTOS CLAVE
El Comité de Supervisión de la Cámara, liderado por James Comer, exigió al estate de Jeffrey Epstein entregar registros que incluyen un “libro de cumpleaños” armado por Ghislaine Maxwell. La citación, con fecha límite del 8 de septiembre, forma parte de una pesquisa que también llamará a declarar al exfiscal Alex Acosta por el acuerdo de 2008 que blindó a Epstein. El panel ya recibió miles de páginas del Departamento de Justicia y ahora busca testimonios de figuras como Bill y Hillary Clinton y el exdirector del FBI James Comey.
➍ TRUMP AMENAZA CON REVOCAR LICENCIAS DE NBC Y ABC
El presidente arremetió contra las cadenas, acusándolas de dar “97% malas historias” y sugirió que la FCC debería quitarles sus licencias por ser “un brazo del Partido Demócrata.” La advertencia llega después de que Trump alcanzara acuerdos millonarios con CBS y ABC por demandas de difamación, y en medio de la investigación de la FCC (dirigida por el republicano Brendan Carr) sobre programas de diversidad en Comcast y los vínculos de NBC con sus afiliadas. NBC pertenece a Comcast y ABC a Disney, un detalle que vuelve a poner a los gigantes mediáticos en la mira directa de la Casa Blanca.
➎ ORDEN EJECUTIVA CONTRA EL CASHLESS BAIL
El presidente amenazó con retirar fondos federales a estados y ciudades que eliminen la fianza en efectivo, al argumentar que estas políticas “ponen en riesgo la seguridad pública.” La orden obliga a la fiscal general Pam Bondi a identificar en 30 días las jurisdicciones que han reducido sustancialmente el uso de la fianza, como Illinois, Nueva Jersey o Washington DC. Los críticos temen que criminales violentos salgan libres antes del juicio, mientras que estudios recientes señalan que el impacto en el crimen sigue siendo, en el mejor de los casos, inconcluso.
➏ ENVÍOS DE EUROPA Y ASIA A EE.UU. SE DETIENEN POR NUEVAS TARIFAS
Agencias postales de más de 16 países europeos y varios asiáticos, incluyendo Royal Mail del Reino Unido y Japan Post, han pausado o limitado envíos hacia Estados Unidos mientras entra en vigor el fin de la exención de minimis que permitía paquetes menores a $800 libres de aranceles. La medida, impulsada por Trump y efectiva el 29 de agosto, amenaza con frenar el flujo de cientos de millones de paquetes al año, que en 2024 sumaron unos 1.3 mil millones de envíos, 60% provenientes de China. Autoridades postales en Alemania, Francia, Grecia y países nórdicos ya aplicaron restricciones, alegando falta de claridad en los procedimientos de aduana de EE.UU., mientras minoristas como Shein y Temu enfrentan un golpe directo a su modelo de negocios de bajo costo.
EN PROFUNDIDAD.
BANDERA EN LLAMAS
Trump firmó una orden ejecutiva que busca penalizar la quema de la bandera estadounidense, un gesto que la Corte Suprema (SCOTUS) protegió en 1989 como discurso simbólico bajo la Primera Enmienda. Aquel fallo, Texas v. Johnson, fue 5–4: apenas un voto que inclinó la balanza y dejó claro que en democracia hasta los actos más ofensivos pueden ser libres. Hoy, el presidente reabre esa grieta con un tribunal distinto, de mayoría conservadora, y con un país donde la protesta callejera se ha vuelto un campo de batalla político. Lo que parece un choque sobre tela y fuego es, en realidad, una pulseada sobre quién dibuja los límites de la libertad de expresión en la era Trump 2.0.
EL CHOQUE ENTRE LA LEY Y EL SÍMBOLO.
Qué dice la orden. El texto instruye al Departamento de Justicia a perseguir penalmente casos de “desecration” cuando se combinen con delitos como daños a la propiedad, incitación a disturbios, crímenes de odio o discriminación. También habilita a agencias a remitir casos a autoridades locales bajo normas de “open burning” o de orden público, y va más allá: autoriza negar visas, residencia o naturalización a extranjeros que participen en actos de quema de bandera.
Lo que ya decidió SCOTUS. En 1989, el caso de Gregory Johnson —un manifestante que quemó una bandera en Dallas durante la convención republicana— terminó en el máximo tribunal. La Corte, con una mayoría inesperada que incluyó al conservador Antonin Scalia, declaró que quemar la bandera es discurso protegido: “si fuera rey, lo prohibiría, pero no lo soy”, reconoció. Fue un recordatorio incómodo de que proteger la libertad significa proteger también lo que más irrita.
La jugada política. Trump lleva años repitiendo que los “flag burners” deberían pasar un año en prisión. Con esta orden, convierte el lema en política de Estado y lanza un desafío directo a los jueces: o mantienen una doctrina que siempre fue polémica o la revierten en un clima donde el nacionalismo y la protesta se entrecruzan más que nunca.
EL CAMPO DE BATALLA.
El lenguaje del decreto no es inocente: describe la quema como un acto “hostil” y “violento” contra la nación, casi como si fuera terrorismo menor. Ese framing importa: si el debate deja de ser sobre libertad y pasa a ser sobre seguridad, el terreno de la Primera Enmienda cambia. Y Trump lo sabe: el gesto de firmar la orden no es solo legal, es simbólico, un guiño a su base que ve en la bandera no un pedazo de tela, sino la prueba de quién está “con” o “contra” el país.
La Corte tendrá la última palabra. Pero el contexto es otro: ayer el margen fue un voto, hoy los jueces que defienden stare decisis conviven con otros dispuestos a revisar precedentes sin temblar. Si el caso vuelve a SCOTUS, no sería solo una revisión de 1989, sino una redefinición de lo que significa protesta en EE. UU. El desenlace dirá si la bandera sigue siendo un símbolo que tolera la disidencia o si pasa a ser un límite impuesto desde el poder.
LO QUE SE DICE Y LO QUE NO.
¿CRIMEN O CASTIGO POLÍTICO?
Hace unas semanas Donald Trump ordenó una toma federal del sistema policial en Washington D.C., con Guardia Nacional importada de varios estados republicanos. El operativo, vendido como una ofensiva contra el crimen, despliega agentes y tropas en áreas turísticas de bajo riesgo, mientras barrios con mayores índices delictivos siguen prácticamente sin refuerzo. Funcionarios locales han recordado que la ciudad atraviesa el nivel de criminalidad más bajo en tres décadas, y encuestas muestran que la mayoría de residentes se siente menos segura desde que llegaron los militares. Restaurantes del centro reportan mesas vacías por miedo a la presencia de agentes, pese a que la Casa Blanca insiste en que la actividad comercial “va en aumento”.
🚨 Over 1,000 arrests and more than 100 illegal guns seized.
Last night, another 86 arrests including multiple suspects accused of assaulting law enforcement and National Guard — and a suspected Tren de Aragua gang member.
Every day of our mission we are making DC safe again.
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi)
11:09 AM • Aug 25, 2025
La narrativa oficial habla de “liberar a D.C. de la delincuencia”, en palabras del vicepresidente J.D. Vance. Voceros como Stephen Miller han llevado esa idea más lejos, asegurando que solo “hippies estúpidos” rechazan el despliegue y que la comunidad afroamericana lo respalda, a pesar de que encuestas revelan lo contrario: ocho de cada diez residentes negros se oponen a la ocupación federal. Fox News insiste en que la prioridad es la seguridad, incluso cuando proliferan videos de agentes hostigando a ciudadanos comunes —desde derribar carpas de personas sin hogar hasta arrancar pancartas críticas contra Trump— que circulan con entusiasmo entre los propios simpatizantes MAGA.
Detrás del relato de “orden y ley”, lo que se juega es otra cosa. Para críticos y analistas, el despliegue no busca combatir el crimen sino escenificar un castigo político: transformar la capital en un escenario de humillación para una ciudad mayoritariamente demócrata, diversa y culturalmente vibrante. La popularidad entre bases conservadoras no viene de la ilusión de seguridad, sino del espectáculo de ver a agentes federales disciplinando a quienes consideran la encarnación de la “élite urbana”.
Lo que se dice es que el operativo combate la delincuencia. Lo que no se dice es que el verdadero mensaje apunta a dividir y castigar, más que a proteger. Y la pregunta que queda es si D.C. está viviendo una campaña contra el crimen… o un ensayo general de hasta dónde puede llegar la política del miedo.
Redactor: Paola Sardiña | Editor: Marcos Porras | Editor jefe: Marcos Marín