ESTO ES AMERICA.
WASHINGTON, D.C.
La nueva libertad de expresión (tu puedes hablar, pero yo pongo las condiciones de cómo lo puedes hacer). Quienes construyeron su identidad política defendiendo el libre discurso ahora trazan líneas y cancelan (o despiden) a quienes opinan distinto. Lo paradójico: lo que antes criticaban, ahora lo hacen justo. El presidente firmó memorando para enviar a la Guardia Nacional a Memphis replicar el no crime miracle de DC. El magnífico plan del Pentágono para “descongestionar” los tribunales migratorios: que los militares actúen como jueces.
EL DÍA EN HEADLINES.
➊ TRUMP ENVÍA LA GUARDIA NACIONAL Y AGENTES FEDERALES A MEMPHIS
El presidente firmó un memorando para desplegar Guardia Nacional y agencias federales (FBI, DEA, ATF, ICE) en Memphis como parte de un plan anticrimen. La ciudad, con una de las tasas de violencia más altas del país, se convierte en la tercera en recibir este tipo de presencia tras DC y Los Ángeles. Trump dice que busca replicar el no crime miracle que, según él, funcionó en la capital.
➋ REPUBLICANOS PRESENTAN PLAN PARA EVITAR SHUTDOWN (CON CONDICIONES)
La Cámara de Representantes presentó un proyecto para mantener al gobierno financiado hasta el 21 de noviembre y evitar el cierre el 1 de octubre. El plan mantiene el gasto actual y suma fondos de seguridad para legisladores y autoridades. Pero, siempre hay un pero: los demócratas rechazaron el texto porque no fue negociado con ellos y no incluye sus prioridades, como costos de salud. En pocas palabras, el plan todavía no está aprobado.
➌ GEORGIA DEJA FUERA A FANI WILLIS DEL CASO TRUMP
La Corte Suprema de Georgia rechazó revisar la apelación de la fiscal Fani Willis para seguir al frente del caso de interferencia electoral contra Donald Trump. La decisión deja en manos del Consejo de Fiscales del Estado el nombramiento de un nuevo fiscal, que podrá seguir con todos los cargos, reducirlos o incluso desestimar el caso. Willis fue apartada tras cuestionamientos sobre un romance con el fiscal especial Nathan Wade, algo que los jueces consideraron un “appearance of impropriety”.
➍ UTAH DEBERÁ REDIBUJAR SU MAPA ELECTORAL ANTES DE LAS ELECCIONES
La Corte Suprema de Utah confirmó un fallo que obliga al estado a redibujar su mapa electoral para cumplir con un proceso anti-gerrymandering aprobado por los votantes en 2018. El tribunal determinó que la legislatura republicana debilitó indebidamente la propuesta ciudadana al ignorar el mapa sugerido por la comisión independiente y aprobar uno propio que divide Salt Lake County en varios distritos. El nuevo mapa deberá presentarse antes del 25 de septiembre y podría generar un distrito más competitivo o incluso demócrata en un estado tradicionalmente rojo.
➎ TRUMP DEMANDA AL NYT POR “DAÑAR” SU CAMPAÑA
El presidente presentó una demanda federal en Florida contra el New York Times, cuatro de sus reporteros y Penguin Random House por difamación. La demanda acusa al periódico y a la editorial de tratar de arruinar su reputación empresarial, perjudicar su campaña 2024 y predisponer a jueces y jurados en su contra. El texto menciona artículos y un libro (“Lucky Loser”) que cuestionan su éxito empresarial y alertan sobre su estilo de liderazgo.
EN PROFUNDIDAD.
¿MILITARES HACIENDO DE JUECES? TODO PUEDE PASAR
El Pentágono aprobó enviar hasta 600 abogados militares para actuar como jueces de inmigración temporales, una respuesta a los casi 3.5 millones de casos acumulados en los tribunales migratorios. La decisión, sin embargo, desató críticas en el Senado, donde demócratas advierten que la medida podría difuminar los límites entre funciones militares y civiles. Más allá de la urgencia por desahogar las cortes, el plan enfrenta preguntas legales —desde su encaje en el Posse Comitatus Act hasta su impacto en el sistema judicial militar— y políticas, porque mezcla dos áreas tradicionalmente separadas: seguridad nacional y justicia civil.
MUCHO EN JUEGO
La Posse Comitatus Act se mete en el escenario. Esta ley, aprobada en 1878, prohíbe usar a las Fuerzas Armadas para aplicar la ley dentro de Estados Unidos salvo en casos excepcionales autorizados por el Congreso. El plan del Pentágono pondría a abogados militares a ejecutar decisiones administrativas bajo la autoridad del Fiscal General, algo que los senadores califican como “inherentemente policial” y potencialmente ilegal.
Control civil vs. militar. Según la carta de 12 senadores demócratas, los abogados militares actuarían bajo “el mando y control” del Departamento de Justicia, no del Pentágono. Esa subordinación civil directa no tiene precedentes en el contexto judicial y podría abrir disputas sobre separación de poderes y competencias.
Impacto en la justicia militar interna. Los abogados en cuestión no son administrativos, son jueces defensores y fiscales en cortes marciales, y sostienen las reformas aprobadas en 2022 que quitaron a los comandantes la potestad de decidir sobre delitos graves. Reasignarlos puede frenar procesos internos, comprometer derechos de víctimas y debilitar el nuevo sistema de Consejos Especiales de Juicio.
Precedentes de uso militar en funciones civiles. El gobierno de Trump ya desplegó la Guardia Nacional en ciudades y envió tropas activas a la frontera. La diferencia es que ahora no se trata de “apoyo logístico” sino de una función judicial directa. Eso podría interpretarse como un paso más allá del uso tradicional del ejército en temas migratorios.
Capacitación insuficiente para jueces migratorios. El puesto requiere semanas de formación intensiva, mentoría y un periodo de prueba de dos años. Exjueces advierten que seis meses no bastan para aprender derecho migratorio ni para manejar miles de casos anuales con traductores y procedimientos complejos. Sin experiencia, se pone en riesgo la calidad y la imparcialidad de los fallos.
MUCHO VACÍO
El memo del Pentágono reconoce la posibilidad de conflicto legal con el Posse Comitatus Act y delega al Departamento de Justicia la responsabilidad de garantizar que no se viole la ley. Sin embargo, no aclara de dónde saldrán exactamente los 600 abogados ni cómo se cubrirán las vacantes que dejen en el sistema militar.
LO QUE SE DICE Y LO QUE NO.
CUANDO EL FREE SPEECH TIENE CONDICIONES
La muerte de Charlie Kirk desató una reacción política que, en este punto, no sabemos si fue imaginable o nunca imaginable. En cuestión de días, decenas de personas —desde empleados públicos hasta pilotos de aerolínea— han sido despedidas por comentarios en redes sociales sobre su asesinato. Y no solo quienes celebraron la violencia: también quienes criticaron su legado o compartieron sus frases polémicas han sido señalados como “cómplices” por influencers MAGA. Lo que antes se denunciaba como cancel culture progresista hoy tiene su versión conservadora, impulsada desde el poder.
Marco Rubio anunció que las revocaciones de visas para extranjeros que “celebraron” la muerte de Kirk ya están en marcha. El Departamento de Estado, según él, no permitirá que “visitantes que aplaudan asesinatos políticos” permanezcan en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Fundación Charlie Kirk Data asegura haber recibido más de 63,000 denuncias de mensajes en redes y presiona para que haya consecuencias. Es una respuesta que mezcla luto con disciplina ideológica, y que abre un debate profundo sobre hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la “civilidad”.
La Attorney General Pam Bondi encendió aún más el debate al afirmar que “el hate speech no tiene lugar” y que su oficina “irá tras” quienes lo promuevan. Tras la crítica de juristas y medios conservadores, aclaró que solo se perseguirán amenazas reales, no opiniones. La Primera Enmienda, recordaron grupos como la Fundación para los Derechos Individuales, no tiene excepción para el “discurso de odio”. Pero, en la práctica, la presión política está convirtiendo a empresas y agencias en jueces del pensamiento, sin que medie un delito.
El giro es evidente: quienes construyeron su identidad política sobre la defensa del libre discurso ahora trazan líneas y aplican consecuencias, igual que antes criticaban en otros. La pregunta es incómoda pero inevitable. ¿es esta una reacción comprensible ante un asesinato político o un precedente que redefine la libertad de expresión? Esto puede terminar como un capítulo más en la historia de cómo, en América, el libre discurso sigue siendo absoluto, hasta que deja de serlo.
Redactor: Paola Sardiña | Editor jefe: Marcos Marín