El gobierno quería una prueba. Contrató a una firma pequeña de ciberseguridad, Mojave Research, y le encargó lo que muchos aliados del presidente venían pidiendo desde 2020, entrar a las máquinas de votación, revisarlas por dentro y traer la evidencia de que alguien había manipulado una elección. Los analistas se sentaron unas seis semanas con equipos Dominion usados en las elecciones de Puerto Rico de 2024. Al final entregaron un informe que a nadie en la Casa Blanca le sirvió: al menos una docena de fallas de seguridad de severidad alta o crítica, y ni un solo rastro de un voto alterado.
El director ejecutivo de la firma, Jason Wareham, dijo que no haber hallado “el arma humeante que algunos esperaban” fue parte de la razón por la que los sacaron. Poco después llegó la orden de parar el trabajo. Detrás estaba Kurt Olsen, uno de los abogados del movimiento para revertir las elecciones de 2020 que hoy trabaja en el Departamento de Justicia. Había empujado para ampliar la investigación y, cuando el resultado no coincidió con la teoría, acusó a Mojave de recibir dinero de George Soros. La fundación de Soros contestó que jamás había oído hablar de la firma.
Conviene detenerse en lo que sí encontraron, porque ahí vive la trampa del relato. Las máquinas que revisó Mojave tenían problemas concretos, contraseñas reutilizadas, firewalls apagados, módems celulares encendidos que no deberían estarlo. Un técnico serio ve eso y se preocupa con razón. Pero una cosa es que un sistema esté mal cerrado y otra muy distinta que alguien haya entrado a cambiar los votos. Lo primero es negligencia. Lo segundo es un delito que, informe tras informe, no termina de aparecer. Es lo mismo que los expertos en seguridad electoral llevan años repitiendo: las máquinas de Estados Unidos tienen huecos que urge tapar, y ninguna prueba de que se hayan usado para robar una elección.
Mientras el argumento se derrumbaba en el laboratorio, se mudaba a las urnas. El 18 de agosto, durante las primarias en el condado de Laramie, el más poblado de Wyoming, dos abogados del Departamento de Justicia aparecieron en un centro de votación y pidieron examinar los tabuladores, las máquinas que cuentan los votos. Eso no es parte de su trabajo. La secretaria del condado, Debra Lee, respondió que las preguntas se salían de las leyes federales que esos abogados dicen hacer cumplir, y les dijo que no. Fue tan raro el episodio que el gobernador, el republicano Mark Gordon, pidió una investigación y lo puso en palabras que se entienden de los dos lados del pasillo. “No me gusta que el gobierno federal venga a quitarnos las armas. Y tampoco los votos”.
Mil enviados y una amenaza
Lo de Wyoming funcionó como ensayo general. Para el 3 de noviembre, el Departamento de Justicia planea enviar cerca de 1,000 personas a vigilar centros de votación en todo el país, una cifra que la jefa de su División de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, celebró como “histórica” para una administración republicana. Al mismo tiempo, el gobierno mandó cartas a los 50 estados con la amenaza de procesar a funcionarios electorales, y el presidente pidió “nacionalizar el voto” y “tomar el control” de las elecciones. La Constitución no le concede esa llave. La administración de los comicios está repartida entre los estados y el Congreso, y el despacho oval no pinta nada ahí.
A partir de ahí, el cuadro se vuelve todavía más inquietante. Las dos agencias que deberían arbitrar este partido están, en la práctica, apagadas. CISA, la oficina federal a cargo de la ciberseguridad electoral, mandó a más de 1,000 empleados a tareas de inmigración y no hace un análisis de vulnerabilidades de la infraestructura del voto desde octubre pasado. La Comisión de Asistencia Electoral, la que certifica que las máquinas cumplen los estándares, se quedó sin comisionados cuando el presidente removió a los que faltaban, y sin ellos no puede aprobar ni certificar nada. En el tramo final de la campaña, cuando más se les necesita, no queda quien pite las faltas.
Entonces vale preguntarse para qué sirve tanto miedo a la máquina. Si un sistema de votación se puede pintar como poco confiable, casi todo lo demás se justifica solo, desde mandar cientos de enviados federales hasta pedir los equipos, quedarse con los registros o amenazar a los empleados de mesa. El susto a la máquina funciona como llave, abre la puerta a lo que sigue. Y la cuenta la pagan los funcionarios locales, casi siempre vecinos de los dos partidos, que este otoño andan instalando vidrio antibalas, botones de pánico y abogados de guardia por si alguien intenta llevarse una urna.