Cómo un terremoto destapó 27 años de destrucción del Estado venezolano

El chavismo se estrenó con una tragedia en La Guaira y un Estado incapaz de socorrer a su gente. Hoy, en la misma costa, vuelve a fallar, con el país más roto que nunca.

De todo lo que vi de La Guaira esta semana, el litoral a las puertas de Caracas donde están el puerto y el principal aeropuerto del país, lo que más se me quedó grabado fueron las manos. Vecinos, familiares y voluntarios retirando bloques de concreto a mano limpia, moviendo placas de toneladas con palancas improvisadas, gritando hacia los huecos por si alguien contestaba. Esa fue la escena en las primeras horas tras dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por treinta y nueve segundos y los más fuertes en más de un siglo, que sacudieron el centro del país la tarde del 24 de junio. Una mujer en Macuto, frente a un edificio que ya no existía, le suplicaba a una cámara: «Vengan a ayudarnos». Le hablaba al mundo. De su propio gobierno ya no esperaba nada.

Lo vi desde Madrid, que es como vemos esto millones de venezolanos: por una pantalla, a miles de kilómetros, con la impotencia del que puede hacer poco más que mirar y contar muertos. Al cierre de estas líneas vamos por más de quinientos ochenta fallecidos, y miles más de heridos y desaparecidos, y la cifra sigue subiendo. El sistema PAGER del Servicio Geológico de Estados Unidos, que modela el impacto probable de un sismo, emitió alerta roja y calculó que el saldo final podría ubicarse entre diez mil y cien mil muertos. Ojalá se equivoque. Pero ya sabemos algo con certeza: muchos de esos muertos eran evitables.

Eran evitables porque el terremoto es apenas el detonante. La catástrofe, su tamaño real, viene de mucho más atrás: de veintisiete años de un Estado que se fue descomponiendo hasta quedar incapaz de socorrer a su propia gente.

La geología no decide quién muere

Hay un principio que repiten quienes estudian gestión de riesgo, y que se ha recordado esta semana: los fenómenos naturales son inevitables, pero los desastres no. Un terremoto es energía liberada por una falla. La cantidad de cadáveres que deja depende de otra cosa: de cómo se construyó, de dónde se dejó vivir a la gente, de qué tan rápido llega una grúa y de si llega. El geógrafo Neil Smith lo dejó escrito tras el huracán Katrina, en un ensayo que se volvió referencia: no existe el desastre natural. En cada etapa de una catástrofe, la frontera entre quién vive y quién muere es, en buena medida, un cálculo social. Es la idea que sostiene un clásico de la disciplina, At Risk, de Ben Wisner y sus colegas: la vulnerabilidad se fabrica socialmente mucho antes de que tiemble la tierra.

Traducido: la magnitud es geología; el número de muertos es política pública. Y la política pública venezolana de las últimas dos décadas y media tiene responsables con nombre y apellido.

El Estado que tenía un plan calle por calle

Aquí está lo que me da impotencia, y va con datos. Entre agosto y diciembre de 2025, frente a la flota que Estados Unidos había desplegado en el Caribe, el régimen afirmó haber montado el mayor operativo de movilización de su historia. Lo bautizó «Plan Independencia 200»: medios terrestres, aéreos, navales y misilísticos movilizados a gran escala. Maduro proclamó 6,2 millones de milicianos y todas las Zonas de Defensa Integral activadas. Desplegó tropas en 284 «frentes de batalla». Exhibió misiles antiaéreos rusos Igla-S y baterías Pechora en los estados de la costa, especialmente La Guaira. En noviembre, el propio Maduro mostró por televisión un «plan integral de defensa» del eje Caracas-La Guaira, descrito por él, mapa en mano, como «calle por calle, comunidad por comunidad, armamento y sistema de arma por sistema de arma».

Decían tener un plan para La Guaira hasta el último callejón, pero pensado para defender al régimen criminal. El ataque, de hecho, llegó: el 3 de enero, fuerzas especiales estadounidenses entraron a Caracas y se llevaron a Maduro sin que aquel supuesto aparato de seis millones de milicianos disparara un solo tiro para impedirlo.

Aquello debía ser la gran prueba de fuego del Estado. La verdadera llegó siete meses más tarde, cuando un terremoto golpeó esa misma costa. Y la respuesta del Estado es nula. No es que no quiera: es que detrás del operativo no hay nada que movilizar. Mientras la televisión estatal proclama un «despliegue cívico-militar masivo» con grúas de cien toneladas, los rescatistas en el terreno denuncian la falta de maquinaria pesada y de personal como el principal obstáculo para llegar a los atrapados.

Y aquí está lo que de verdad importa: aquel operativo descomunal era, en su mayor parte, puro show. El régimen nunca tuvo la capacidad real de defender al país, como quedó claro en enero, ni la tiene hoy para sacar niños de los escombros. Lo que sí perfeccionó en todos estos años es el arte de montar el espectáculo de un Estado: los desfiles, los seis millones de milicianos que viven sobre todo en el papel, el mapa exhibido en televisión. Mucho decorado, y detrás casi nada. Con una excepción: el único momento en que sí hemos visto a las fuerzas armadas organizadas, numerosas y con recursos es reprimiendo a su propia gente. Para eso el Estado nunca improvisa. Ese es el resumen de veintisiete años.

(Maduro, por cierto, mandó un mensaje de solidaridad desde su celda en Brooklyn, donde espera juicio por narcotráfico. Pidió «máxima unión nacional».)

Un Estado desmoronado por dentro

¿Por qué no hay nada detrás del despliegue? Porque el Estado se desmoronó por dentro, y lo hizo sin que nadie lo forzara: un derrumbe autoinfligido, decisión tras decisión.

Empecemos por la plata. En un país en colapso, lo que el Estado paga no alcanza para vivir. El propio gobierno fijó su «ingreso mínimo integral», bonos incluidos, en unos 240 dólares al mes: menos de la mitad de una canasta básica familiar que supera los 550. Los profesores universitarios, que forman a los ingenieros que harían falta esta semana, son el caso límite: su salario formal es casi simbólico y, ni sumando todos los bonos, su ingreso llega a esa canasta. Con sueldos así, un país no conserva cuerpos de rescate profesionales ni protección civil seria. Conserva lo que vemos en La Guaira.

Sigamos por el miedo. La Protección Civil venezolana la dirige un almirante de las Fuerzas Armadas y depende del Ministerio del Interior, hoy a cargo de Diosdado Cabello, el número dos del chavismo. El dato que de verdad la retrata es de 2018: dos bomberos del estado Mérida grabaron un video satírico paseando un burro por el cuartel y llamándolo «Maduro». Fueron detenidos y acusados de «instigación al odio», un cargo que llegaba a contemplar veinte años de prisión. La institución que hoy se necesita para sacar gente de debajo de una losa fue procesada, años atrás, por una broma. Un Estado que teme más a los chistes de un bombero que a su propia incapacidad de respuesta es un Estado que ya ordenó sus prioridades, y la profesionalización de sus rescatistas no estaba en el tope de la lista.

Y está lo más doloroso: buena parte de los ingenieros, médicos y rescatistas que harían falta hoy en La Guaira no están en Venezuela. Están en Bogotá, en Lima, en Santiago, en Madrid, en Buenos Aires. La diáspora que el chavismo produjo es también la diáspora de los que podían contribuir a responder.

La Guaira, otra vez

Y aquí la historia hace una rima que pone la piel de gallina. La Guaira, el antiguo estado Vargas, es exactamente donde en diciembre de 1999 un alud de barro y agua bajó del cerro Ávila, la montaña que se alza sobre Caracas, y se tragó pueblos enteros. La Tragedia de Vargas mató a un número de personas que nunca se logró establecer, con estimaciones que van de varios miles a treinta mil. El chavismo estrenó su mandato con esa tragedia. Ocurrió el 15 de diciembre de 1999, el mismo día en que se aprobaba en referéndum la nueva Constitución bolivariana, con Chávez a punto de cumplir un año en el poder. Fue el primer gran reto humanitario del proyecto, y el Estado no solo no llegó a tiempo: durante la emergencia, sus cuerpos de seguridad protagonizaron desapariciones forzadas que todavía esperan justicia.

Veintisiete años después, se repite la conexión: La Guaira reviviendo su peor pesadilla. Por si la metáfora fuera poco evidente, uno de los edificios que colapsó y se incendió esta semana fue el «Urbanismo Hugo Chávez», un complejo de vivienda social que el propio régimen mandó a construir en 2011. La obra que llevaba el nombre del fundador, caída y en llamas.

No es casualidad. Es la misma lógica de casi tres décadas repitiéndose en el mismo pedazo de costa. El proyecto político que estrenó su mandato con un Estado ausente frente al barro se está despidiendo con un Estado ausente frente a los escombros. Si alguien necesitaba una señal de que este ciclo se cierra, la naturaleza acaba de darla, sin sutileza.

El detonante y la enfermedad

Por eso insisto en que el terremoto es apenas el detonante. Lo que se vino abajo en La Guaira llevaba mucho tiempo descomponiéndose por dentro; el 24 de junio solo lo volvimos a ver en vivo, en la misma costa de siempre. La pregunta que deja, y que ningún sismógrafo puede responder, es cuántas veces más vamos a tener que sacar a nuestra gente de los escombros con las manos.